De esta forma, buscan evitar el costo político que podría tener esta decisión. Apuntan a encontrar una ‘alternativa intermedia’ para solucionar los conflictos
El Gobierno busca alternativas para resolver el conflicto entre las petroleras y las distribuidoras, sin incurrir en un costo político fruto del aumento extra de las tarifas de gas, tal y como se había anunciado. Esta fue la conclusión a la que llegó el pasado viernes, después de que se llevara adelante la consulta popular previa a la subasta que definirá el precio mayorista del gas
El conflicto se inició tras la modificación impulsada por el Ejecutivo en la regulación con la que se establece el precio mayorista del gas, que pasará de ser fijado por el Estado a dirimirse en una compulsa entre empresas. Esta iniciativa contempla, además, una reducción del plazo de pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, desde los actuales 75 días a sólo 30, con el objetivo de evitar desfases ante saltos del tipo de cambio.
Esta disminución del tiempo fue denunciada por Adigas – la asociación de las grandes distribuidoras – desde donde se planteó que esta reforma las obligaría a conseguir financiamiento por $9.532 millones este año para poder pagarles a las petroleras, debido a que ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega.
En un principio, la solución había sido trasladar a los usuarios el gasto extra producido, pero el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, habría dado marcha atrás en su plan y desestimaría el aumento extra en la tarifa del gas.
La decisión definitiva se conocerá más tarde, cuando los funcionario de Energía y del Energas se reúnan hoy en el Palacio de Hacienda para analizar una “alternativa intermedia” que permita resolver la puja entre ambos sectores, según le confirmó a BAE Negocios una autoridad del ente regulador.
“Todavía no tenemos la determinación, se está analizando. La decisión que se tome no tiene que implicar ningún costo adicional en las facturas”, explicó la misma fuente y señaló que buscan alcanzar una “alternativa intermedia” entre el plazo de 30 días previsto en la propuesta original y el de 75 días hoy vigente, con la idea de contener a las petroleras y a las distribuidoras.
